Los sin río, niños y niñas de la Provincia de Petorca

Por Iván Sepúlveda Godoy

Así de simple, sin coloquiales títulos o demasiado verbo. Las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes que viven en la ciudad observan como paisaje un río llamado Ligua, donde alguna vez en su superficie circuló agua.

A esta generación se les vetó la posibilidad de un territorio distinto al de la infancia de sus padres y madres, quienes pescaban o iban de paseo los domingos en las tardes de verano con canastos llenos de comida, mientras la muchedumbre se bañaba y los más pequeños aprendían a nadar.

Los adultos de hoy y los infantes de ayer, perplejos, con una interrogante en sus bocas, tratan desesperadamente de contar aquellas historias que hablaban de un valle distinto, que estas nuevas generaciones sólo con esfuerzo, tratan de imaginar, escuchando de extraños lugares donde paseaban y se bañaban sus familias y de campos cultivados con papas, maizales, porotos y cuanta hortaliza existiera.

Desde la tecnocracia y burocracia política gubernamental neoliberal, solo puede ser explicado por la mega sequía, dada las condiciones atmosféricas-oceánicas que han tendido a consolidar la posición del Anticiclón del Pacífico. Desde el otro lado, será la sobre explotación  y agotamiento de los bienes comunes, como lo es el agua.

Cajón del rio Ligua

No cabe duda que estas nuevas generaciones están vivenciando un medio ambiente radicalmente opuesto a generaciones pasadas. Pero lo que planteo no es nada nuevo. Ya en 1972 el Club de Roma anunciaba los Límites del Crecimiento. Como fue una propuesta de cuestionamiento de los procesos de industrialización planetaria, no encontró un ambiente propicio donde abordar esta crisis. Como el problema continuaba, en la década de los 80, el Banco Mundial, a través de la comisión Brundtland, volvió a retomar el tema ante las evidencias de que el planeta estaba en un sostenido proceso de degradación por la acción humana. Acuñaron el nuevo concepto de Desarrollo Sustentable (DS), que para muchos solo es un “sigan explotando los recursos, pero con mesura”. Y, con el afán de lavar la imagen, a todas las acciones se le agregará el adjetivo de sustentable con color verde.

Desde que se lanzó al mundo la idea del DS, ha corrido mucha agua bajo el puente, aunque este dicho popular no tenga hoy un asidero real. En el año 1992 se marcará un primer hito con la realización de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Se inició, así, una serie de conferencias, siendo la COP 25 del año pasado la última. Ésta se iba a realizar en Chile, pero dada la rebelión social, causada por la opresión económica neoliberal y los conflictos socio ambientales, terminó realizándose en España.

No hay que olvidar que Chile suscribió los 17 objetivos de Desarrollo Sustentable en el año 2016, dentro de los cuales está el crear ciudades y comunidades sostenibles. Las ciudades no alcanzan a ocupar el 3% de la superficie de la tierra, y sin embargo la población mundial que habita en ellas ya supera más del 50%. En cada rincón de nuestro país se repite esta tendencia y la provincia de Petorca, no queda ajena a este proceso. Las ciudades son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, gases que son precursores del cambio climático y que se manifiesta en el aumento de temperatura, de la escasez hídrica y la frecuencia de los eventos extremos, como son las inundaciones o los incendios.

Ante esta realidad, se debe transitar a la capacidad de adaptación y transformación, pero la voluntad política se guarda en informes con infinitas declaraciones y acuerdos que van quedando en los estantes de los organismos internacionales y nacionales, sin lograr materializarse. Esto se explica, en parte, por las pocas herramientas para tomar decisiones sobre el territorio, que más bien, están puestas en función de las dinámicas de mercado y no sobre una planificación territorial donde incluya la participación de distintos actores sociales.

Las Condiciones de Vulnerabilidad para la Provincia de Petorca están dadas por la nula adaptación ante la reducción de precipitaciones, cuya consecuencia es la escasez hídrica y la disponibilidad de agua, tanto en el sector rural como en el sector urbano. De acuerdo a diversas investigaciones, el 25% de lo que tenemos de sequía se atribuye a los cambios en el clima, pero el 75 % restante es por la acción humana, en específico de la agroindustria y la minería, principales consumidores y contaminadores del agua.

Serigrafía realizada por niñas y niños de la Ligua

A partir del Acuerdo de París, que es otro esfuerzo internacional, se instala una nueva lógica en que todos los países van a asumir obligaciones para reducir emisiones y limitar el aumento de la temperatura global. Para ello, se establecieron las Contribuciones Nacionalmente Determinadas o NDC, compromisos individuales entregados a la soberanía de cada Estado, en cuánto a obligaciones para la reducción de emisiones, siempre teniendo en vista limitar el aumento de la temperatura global. El NDC de Chile, presentado en el año 2015, fue calificado, según criterios internacionales, como insuficiente, ya que de acuerdo a esos compromisos, solo ayudaría a aumentar aún más la temperatura.

El 2020 es el año en que la mayoría de los países, entre ellos Chile, deberán presentar sus NDC revisados con una mayor ambición, pero observamos que la realidad choca frontalmente con lo que públicamente se dice. A propósito de la descarbonización, el modelo de desarrollo basado en el Estado Subsidiario, donde la actividad económica la desarrollan y la deciden los privados, permite que se sigan ingresando proyectos de termoeléctricas en base a carbón. Éstos van a tener todos los permisos para ser ejecutados, ya que, en la actualidad, no existe ningún instrumento para impedir el desarrollo de cualquier actividad económica de este tipo.

La Constitución de 1980, creada en la Dictadura Cívico Militar y velada hasta hoy por los gobiernos de corte neoliberal, consagra la libertad económica a través de su régimen de la propiedad de los recursos naturales por sobre cualquier otra ley, entre ellas la ambiental. Esto deja de manifiesto que la política pública, para abordar la gestión ambiental, tendrá que disponer de un nuevo pacto social y, por ende, una nueva Constitución que abra los candados y modifique los pilares de esta dictadura neoliberal, manifestada también en el Código de Aguas. Un nuevo pacto social con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, donde prime la vida de las comunidades por sobre el lucro. Quizás así, podremos devolver nuevamente el agua a los ríos para que los niños y las niñas vuelvan a jugar en sus riberas.